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¿Para dónde es que vamos?

La registrada estabilidad de los indicadores macroeconómicos durante los tres últimos años, no ha servido de mucho para disminuir la tasa de desempleo ni para paliar las hirientes desigualdades sociales. Hace apenas una semana tuve oportunidad de recorrer las comunidades de Tamayo y Neiba, y a decir verdad, la pobreza en la provincia sureña de Bahoruco es desgarrante. Pero el que quiera comprobar la penosísima indigencia que asfixia a nuestros infelices, no tiene que desplazarse tan lejos. En la Puya de Ahorro Hondo, en Manzano, en los Girasoles y en el Caliche de Cristo Rey, barrios todos próximos al casco urbano, la miseria es igualmente espantosa, y me atrevo a asegurar que nadie en esos alrededores ha percibido ni por asomo el progreso del que tanto se vanaglorian las actuales autoridades. Sería torpe cuestionar la estabilidad de la tasa de cambio, de inflación y de interés, pero tampoco podemos poner en duda que esa estabilidad les resulta indiferente a los moradores de ese cinturón de miseria que bordea nuestra capital. Y esa pobreza extrema me lleva a creer que lo que se ha venido produciendo es el crecimiento de una economía de consumo de bienes importados, a la que únicamente pueden acceder las clases media y alta. La que conforman nuestros pobres sigue padeciendo de hambre, sigue evacuando en cloacas, sigue viviendo en chozas con pisos de tierra, sigue careciendo de servicios hospitalarios eficientes, sigue recibiendo enseñanzas de pésima calidad en condiciones deplorables, y sigue haciéndole falta el peso de la vergüenza. No es difícil deducir que la estabilidad macroeconómica, acierto innegable de esta administración, no ha apareado desarrollo social, y es secreto a voces que esa pobreza es causa de una política de inversión desatinada y sin retorno, del torrente de subsidios que dragan los ingresos fiscales, del empleo de fondos públicos en planes sociales populistas, y del sobreprecio que el Estado suele pagar por los bienes que adquiere y los servicios que contrata. Pronto dispondremos de la primera línea del Metro, obra cuya utilidad solo podrá comprobarse luego de que sea puesto en funcionamiento. Se pierde de vista, sin embargo, que la considerable inversión que conllevó su construcción, no solo incrementó la pesada carga de nuestra deuda externa, sino que también se engulló buena parte de las partidas que la ley ordena reservarle al Poder Judicial y a las Secretarías de Educación y Salud Pública. ¿Qué supuso el desfavorecimiento de los presupuestos de estas instituciones? Pues que por primera vez en diez años, los avances operados en el sistema judicial corren el riesgo de involucionar, que los que no pueden permitirse el lujo de tratarse en clínicas especializadas se exponen a perder la vida en hospitales por falta de gasas o por el consumo de medicamentos vencidos, y que los que no pueden pagar el costo de colegios privados, seguirán enviando a sus hijos a escuelas públicas a aprender a escribir con faltas ortográficas y a creer que Juan Pablo Duarte fue el descubridor de América. Entonces, ¿para dónde es que vamos?